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El Gran Benefactor

1 MARZO, 2019

María Amparo Casar

He leído innumerables críticas de que López Obrador no sabe planear, que improvisa. Nada más alejado de la verdad. ¿Que no sabe planear? Claro que sabe. ¿Que improvisa? Claro que no. Planeó y ejecutó cuidadosamente 12 años de campaña hasta que logró la presidencia. No está improvisando en lo suyo: su proyecto de poder, no de gobierno. Se alista desde ahora para 2021 y para 2024 mientras sus adversarios andan francamente papando moscas.

Sabe lo que hace falta y se prepara en distintos terrenos. El más importante es el electoral. Ya probó lo que es tener mayoría en el Congreso y no está dispuesto a perderla. Ya probó lo que es tener 19 Congresos locales bajo su control, le faltan 13. Ya probó la importancia de tener cinco gubernaturas y va por las 15 que se jugarán entre 2019 y 2021.

En 2018 el padrón electoral era de 86.6 millones de electores. La tasa de participación fue de 63.4%, o sea, se emitieron 56.6 millones de votos. Él ganó con 30.1 millones o el 53% de la votación. Su coalición en el Congreso alcanzó 42% (23.5 millones de votos). Hoy tiene una mayoría de 62.8% de asientos en la Cámara de Diputados y de 54.7% en la de Senadores.

¿Cuántos de éstos se pueden considerar voto duro? Es difícil decirlo con certeza pero puede asumirse que la preferencia electoral con la que contaba AMLO en enero de 2018 es un buen proxy. El promedio de encuestas para ese mes marcaba una preferencia de 36.7%, o sea 20.7 millones de votos de los 30.1 millones con los que ganó.

¿Cómo retenerlos o, incluso, aumentarlos? De la manera más socorrida: dando dinero. ¿Cómo se da dinero? A través del presupuesto. ¿A quiénes? A los más necesitados. La pobreza es donde abreva el clientelismo. Esto lo tiene bien claro López Obrador y de ahí su política social.

Desde el 16 de septiembre de 2018 López Obrador anuncio que realizaría un Censo del Bienestar en todo el país para seleccionar a los beneficiarios de los programas sociales. Ya era presidente electo y lo que se hubiese esperado es que dicho “censo” fuese encargado eventualmente a algún órgano del Estado como el INEGI. No optó por esa vía institucional sino por la vía partidaria o de su movimiento. La decisión fue utilizar a lo que desde entonces llamó Servidores de la Nación para el levantamiento.

A falta de información oficial ofrezco un testimonio de primera mano:

A las 13:52 del día 23 de enero en un domicilio de la colonia Moctezuma, alcaldía Venustiano Carranza, se presentó una mujer vistiendo un chaleco en cuya parte posterior estaba impresa la leyenda Servidor de la Nación y las imágenes de Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero y Cárdenas. Por delante, un gafete con el nombre y fotografía de la mujer, un número de identificación, Equipo de Transición y, de nuevo, Servidor de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos.

Al identificarse usó las siguientes palabras: soy Servidora de la Nación. Estamos levantando un censo para los Programas de Bienestar, ¿vive en esta casa algún joven estudiante, desempleado, mayor de 68 años o con alguna discapacidad o necesidad?

Quien le había abierto la puerta dijo que sí: “soy estudiante de educación superior de la UNAM”.

La Servidora de la Nación pidió una identificación al joven, él mostró su credencial del INE y ella capturó sus datos en un celular. Le hizo algunas preguntas más, le solicitó firmar digitalmente una aplicación y capturó una fotografía del estudiante portando su identificación. Para terminar, le pidió su medio preferente de comunicación y le informó que se contactarían con él en unas semanas para decirle a dónde acudir a entregar sus papeles y recibir el beneficio.

Lo mismo ocurrió con otro integrante de la familia —su padre— que había cumplido los 68 años. Les dejó un folleto y se retiró.

Así es como se está levantando el supuesto padrón de beneficiarios de los programas que López Obrador sometió a consulta popular los días 24 y 25 de noviembre de 2018 y que recibieron el “Sí, estoy de acuerdo” por mayorías abrumadores que rondaron el 92%. Lo que se está recabando es un padrón y no un censo pues este último tiene una serie de requisitos técnicos y operativos además de la obligatoria confidencialidad de los respondentes. Estos requisitos no se cumplen.

Quiénes son los Servidores de la Nación, cuántos son (oficialmente se habla de 20 mil), cómo fueron reclutados y capacitados, cuánto se les paga por este trabajo, de dónde salió el dinero para los celulares, aplicaciones y material impreso necesarios para la operación, a qué estados, municipios, colonias y casas acuden, en dónde concentran la base de datos recabada: no se sabe. No hay página oficial que dé cuenta de este “censo”. Como bien señala Salvador Camarena (El Financiero, 02/10/2018), “Morena está en la calle de nuevo, movilizando por miles, en ejercicio de acopio de información que podría estar violentando desde normas sobre uso de datos personales hasta de la administración pública”. El encargado de esta operación es el coordinador de los llamados “superdelegados” que despacha desde la presidencia: Gabriel García Hernández.

Lo que sí se sabe es que este padrón comenzó a levantarse antes de asumir la presidencia y antes de la aprobación de recursos en el Presupuesto 2019 para los programas sociales sometidos a consulta. En octubre de 2018 quien sería la futura secretaria de Gobernación declaró que el llamado Censo del Bienestar “arrancó en el país con más de 20 mil voluntarios para las brigadas de encuestadores”. También se sabe que en distintos actos públicos el propio López Obrador comenzó ya a repartir los beneficios: lo hizo en Guerrero, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Edomex y Tabasco. Lo hizo en persona.

Tomando sólo los principales programas anunciados —algunos ya operando— puede decirse que los recursos dedicados a ellos son cuantiosos, que la población objetivo se cuenta por millones y que constituirán una porción importante del padrón electoral estimado para 2021.

El Presupuesto de Egresos de la Federación (2019) ha asignado la cantidad de 191 mil millones de pesos para siete de los programas anunciados por López Obrador. La suma del número de beneficiarios de los programas sociales para los que ya hay estimaciones indica que, en total, habría poco más de 23 millones de personas que recibirían recursos de manera directa. La gran mayoría de éstos —hay que restar a los niños con discapacidad, aunque no a sus padres— votarán en las elecciones intermedias de 2021. En ese año, de acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), habrá 89.4 millones de mexicanos mayores de edad, o sea en edad de votar.

Comencemos por el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. El presupuesto asignado es de 100 mil millones de pesos, el número de beneficiarios alcanzaría los 9.78 millones de personas y cada adulto mayor de 68 años —en el caso de los indígenas la edad es a partir de los 65— recibirá dos mil 550 pesos (antes mil 160) bimestrales. A diferencia de años anteriores ahora se incorpora a los jubilados y pensionados del IMSS e ISSSTE que previamente estaban excluidos del programa. Los adultos mayores constituirán en 2021 el 10.9% del padrón electoral estimado.

Sigamos con los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que se divide en dos y cuenta con un presupuesto de 44 mil 300 millones de pesos. La mayor parte (40 mil millones) irá a los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Suman 2.3 millones de personas y a cada uno les darán tres mil 600 pesos mensuales. El resto se entregará a 300 mil estudiantes de nivel superior de escasos recursos, que recibirán dos mil 400 mensuales. El porcentaje de votantes entre 18 y 29 años del padrón electoral 2021 alcanzará 29% y los beneficiarios de estos dos programas (2.6 millones) constituirán 2.9% del mismo.

Los jóvenes que ya se encuentran estudiando podrán formar parte del programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez. El presupuesto asignado es de 17 mil 280 millones de pesos para 5.24 millones de estudiantes que recogerán 800 pesos mensuales. En 2021 ellos serán 5.9% del padrón.

El programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente costará ocho mil 500 millones de pesos y en él estarían inscritas —según el propio AMLO— siete millones de personas. Para efectos de lo que esta población representará en el padrón, a los siete millones de discapacitados habría que restarle tres millones de personas que ya están contabilizadas en el programa de Adultos Mayores. Los cuatro millones restantes alcanzan 4.5% del padrón electoral.

Existen datos para dos programas más: Sembrando Vida y Tandas del Bienestar. El primero costará 15 mil millones de pesos y el número de beneficiarios será de 400 mil personas. El segundo costará seis mil millones y favorecerá a un millón de pequeños negocios. En conjunto los 1.4 millones de beneficiarios de estos dos programas equivalen a 1.6% del padrón.

ara un país en el que la pobreza —alimentaria, patrimonial o de capacidades— alcanza al 40% de su población, en el que las oportunidades de salir de ella no están en el horizonte inmediato y en el que la desigualdad es una de las mayores del mundo, puede entenderse que el gobierno extienda la mano y alivie una situación que puede calificarse de desesperada. De cualquier manera, estas medidas debieran ser acompañadas de otras que resuelvan las causas de la pobreza y hasta el momento no se ha encontrado mejor manera que el crecimiento y la educación. El asistencialismo entendido como la “actitud política orientada a resolver problemas sociales a partir de la asistencia externa en lugar de la generación de soluciones estructurales”, nunca ha sacado a un país de la pobreza.

Pero los programas sociales tienen otros dividendos: los réditos políticos. Sirven para crear una base de apoyo a los gobernantes que la adoptan, las llamadas clientelas. Por eso vale la pena analizar cuáles son las consecuencias de esta “política de bienestar” y una buena manera de hacerlo es desde la perspectiva electoral.

Se parte de la premisa de que todo gobernante quiere no sólo tener popularidad y apoyo sino que su proyecto de nación tenga la mayor permanencia posible. Para ello es necesario mantenerse en el poder a través de la reelección —en México no la hay para el presidente— o la del partido gobernante y ganar para sí tantos cargos como para tener el mayor margen de decisión posible. En una democracia esto se hace a través de las elecciones.

Las elecciones intermedias tienen una participación electoral promedio más baja que las presidenciales: 51.2% contra 62.3%. Adicionalmente suele ocurrir, aunque no es una regla general, que el partido del presidente disminuye su votación por el desgaste que va sufriendo el gobierno. Sin embargo, existen condiciones que modifican estas dos consideraciones. Una de ellas es que el día de la elección intermedia haya otros asuntos que votar: iniciativas ciudadanas o partidarias, consultas o revocación de mandato. Morena y López Obrador han enviado ya una iniciativa para introducir en la Constitución esta última figura de democracia directa. Si la iniciativa prospera, López Obrador tendrá la oportunidad de hacer campaña y entonces las elecciones intermedias se convertirían no sólo en un refrendo de su mandato sino en una forma efectiva de arrastrar el voto hacia su partido y así mantener o aumentar su mayoría en el Congreso y en las gubernaturas en caso de que sean concurrentes. De no prosperar la iniciativa, AMLO ha planteado que, de todas formas y aunque no tuviese validez jurídica, él sometería a consulta su permanencia en el cargo.

Como se mencionó al inicio, a las elecciones de 2018 acudieron a emitir su voto 56.6 millones de personas (63.4% de participación). López Obrador ganó la elección con 30.1 millones o el 53% de la votación emitida. En cualquier país, pero más en México que tradicionalmente ha sido un régimen hiperpresidencialista, lo bueno y lo malo, los beneficios que recibe y los perjuicios que padece la población se atribuyen al gobierno en turno y, en particular, al Señor Presidente.

De los 89.4 millones de ciudadanos que se estima serán mayores de 18 años en 2021 no todos votarían. Bajo el supuesto de la participación promedio en las elecciones intermedias desde 1997 (51.2%) habría 45.8 millones de votos. ¿Sería razonable pensar que los beneficiarios de los programas sociales (¿y sus familias?) estarán agradecidas con AMLO y votarán por él?

Una mayoría de votantes sin considerar a las familias de los beneficiarios, sin los convencidos del proyecto, aunque no pertenezcan a estos padrones del bienestar y sin contar el efecto arrastre de AMLO en caso de que el ejercicio de revocación de mandato se haga coincidente con las elecciones.

La falta de planeación y la improvisación están presentes en muchas de las políticas públicas de López Obrador, no en las “políticas-políticas” del gran benefactor. Si algo hay en el proyecto político del presidente López Obrador es lo que falta a su proyecto económico: una planeación de largo plazo con minuciosa anticipación y medición de costos y beneficios. Estamos frente al proyecto de legitimación y permanencia en el poder más ambicioso que haya conocido la exigua democracia mexicana: el diseño de un tecnócrata electoral de altos vuelos. Se le olvida un detalle, el apoyo popular y electoral no alcanzan para sacar al país adelante.

opinión: es importante que el gobierno en si tengan una buena organización para desempeñar bien pero sobre todo un gobierno justo y benefactor, mediante la cual las decisiones que se tomen al respecto no perjudiquen al territorio mexicano, sino, antes hacer valer los derechos de las personas y que se desempeñe lo correcto.

poema

opinión: no me resulto fácil el escribirlo, sin embargo es importante expresar aquello que sentimos, y ademas de que relacionamos los acontecimientos con nuestro contexto social y emocional. 

nexos (opinión)

México y su España imaginaria

25 MARZO, 2019

Héctor Aguilar Camín

En 1993 para un congreso de historia y literatura celebrado en Almería, escribí el texto que sigue: “México y su España imaginaria”. Lo recobro de mis archivos ahora que el gobierno de México exige a la corona española que pida perdón por sus agravios a los “pueblos originarios”. La respuesta del gobierno español ha sido que miremos hacia el futuro, no hacia atrás. Yo he tratado en este texto de mirar hacia atrás para tratar de entender algunas de las cosas que nos impiden, hace tanto tiempo, mirar verdaderamente hacia adelante.

—Héctor Aguilar Camín

Los mexicanos tenemos un litigio viejo, no resuelto con España. Nuestro litigio no es, en sentido estricto, con España, con la España histórica, habitante de la península ibérica, sino con una España en gran medida imaginaria, que es el fruto de nuestra historia y de nuestras propias necesidades de fundación nacional.

Así como la unidad española se consolidó mediante la exclusión de todo lo que no fuera católico, la nacionalidad mexicana se afirmó durante el siglo XIX a partir de la negación de su legado hispánico. México condenó su historia colonial ,nada menos que trescientos años de existencia de la Nueva España, y vio como un destino más deseable, el ejemplo de los países emergentes del mundo anglosajón precisamente aquellos cuya prosperidad alimentaba la decadencia del imperio español.

La mayor paradoja de este desencuentro es que quienes sembraron en la Nueva España el rechazo al mundo hispánico fueron precisamente los hijos de los españoles que establecieron el orden colonial, los criollos novohispanos, que resintieron su condición de súbditos de segunda y optaron por proclamarse orgullosa, resentida y excluyentemente americanos.

Nadie encarna mejor ese desgarramiento familiar que el propio padre de la independencia mexicana, Miguel Hidalgo, un cura criollo, proclive a la innovación técnica y a las libres costumbres, que aparece de pronto, llevado por el fuego de su pasión familiar, al frente de los contingentes mestizos, indígenas y mulatos dispuestos a vengar sus afrentas sociales. No hay grito más terrible en la historia de Hidalgo que su consigna, en un momento difícil de la campaña: “Estamos perdidos. Vamos a coger gachupines”.

La paradoja se completa con el hecho de que fue precisamente en ese pasado negado de la Nueva España donde se verificó el tránsito histórico de mayor envergadura para el México de hoy, nada menos que la aparición del pueblo o la población que propiamente hemos de llamar mexicano o mexicana, y que no es, en su origen, sino el fruto de la mezcla racial y cultural verificada en la colonia.

La de los criollos novohispanos es la historia de un resentimiento y la hazaña cultural de la fundación de una nueva sensibilidad nacional. Para afirmarse ante los españoles peninsulares los criollos crearon, en el lento curso de los siglos, algunos de los motivos simbólicos más persistentes de la nacionalidad mexicana.

Los criollos propagaron la noción de la superioridad americana frente a los vicios de la metrópoli, afianzaron en la conciencia histórica de la república la noción de la colonia como una época oscura, y eligieron como raíz de la nueva identidad americana a que aspiraban, justamente aquello que nada tenía que ver con ellos, aquello de lo que no descendían: el pasado indígena, que se cuidaron de separar de los indios de carne y hueso, a quienes siguieron tratando con naturalidad segregatoria.

El triunfo de los liberales mexicanos en el siglo XIX, prolongó la visión criolla del orbe colonial no como el origen de nuestra textura nacional, sino como la impedimenta del progreso, el lugar del oscurantismo religioso, los fueros medioevales, etc.

Para las élites liberales triunfadoras, empeñadas en alcanzar la modernidad política y económica, el pasado a superar fue la herencia feudal hispánica. De espaldas a España durante el siglo XIX, como consecuencia lógica de su independencia, alcanzada en 1821, la incipiente nación mexicana dio la espalda también a la zona mayor de su propio pasado, la Nueva España, el molde donde había nacido y madurado. Se definió así una continuidad entre el rechazo criollo al legado español y el espíritu antihispánico de los liberales mexicanos, continuidad acentuada por el hecho de que la lucha de los liberales se libró en gran parte para limitar los poderes terrenales de la iglesia católica, una de las mayores herencias novohispanas.

La política triunfante en el siglo XIX mexicano fue liberal, en tanto enemiga del conservadurismo hispánico, y laica, en tanto opuesta a la herencia católica novohispana, que era sin embargo, más allá de los excesos del clero, el subsuelo espiritual de la mayoría de la población.

La revolución mexicana de 1910 trajo consigo la aparición de la extraordinaria diversidad social, étnica y cultural del país. A consecuencia de su catártica diversidad, un instinto de la Revolución fue reconocer la pluralidad de México y abrirle sus puertas a todos los pasados y a todos los presentes del país.

Las décadas posrrevolucionarias trajeron una considerable ampliación del imaginario nacionalista de México, una nueva reconciliación con el pasado indígena, una incorporación del siglo XIX no como la zona de anarquía que fue, sino como el antecedente formativo del país que habría de expresarse en la Revolución, y una reafirmación de la frontera norte como la línea número uno de resistencia nacional, ya que toda la Revolución transcurrió en medio de intervenciones, amagos y reclamaciones estadunidenses.

No obstante este refrendo nacionalista del “enemigo identificado” en Estados Unidos, no hubo reconciliación nacional para la Nueva España, cuyo legado cultural habría sido el contrapeso más lógico ante la influencia de nuestra frontera norte. La visión derogatoria del patriotismo criollo siguió viva en el corazón del nuevo nacionalismo revolucionario.

El primer reacercamiento de México y España en el siglo XX se dio con la España del exilio, la España republicana, perdedora de la guerra civil. Fue una diáspora riquísima, que fecundó como ninguna la cultura y la vida intelectual de México. Pero aquel reencuentro vivificante con la España del exilio, apartó a México, tanto en lo oficial como en lo real, de la España que ganó la guerra, la España franquista, que pronto ocupó nuevamente en nuestras cabezas el casillero derogatorio que la España peninsular había ocupado en la vindicación criolla. La España de la realidad franquista volvió a ser para el discurso público mexicano , con buenas razones, el reino del oscurantismo, la intolerancia, la sepultura del progreso.

Por esta convergencia desdichada de lo real y lo imaginario, nuestro litigio con España siguió vigente, más vigente que nunca. Los gobiernos revolucionarios acendraron el discurso criollo de la riqueza prehispánica y la reivindicación indigenista. México fue más indigenista que nunca y su nacionalismo quedó definitivamente atado al orgullo prehispánico más que a cualquiera de sus otras herencias. Pero el México pos revolucionario no se indianizaba sino más bien lo contrario. Entre 1920 y 1980, la población mexicana se urbanizó y se castellanizó, devino una población abrumadoramente no indígena . A contrapelo de su discurso indigenista, la Revolución desindigenizó a la sociedad mexicana, creó una población menos indígena y más mestiza, hispanoparlante.

Pero ni esa realidad ostensible nos ha hecho volver a mirar nuestro pasado hispánico con ojos modernos, a la vez generosos y prácticos. De hecho, grandes historiadores y escritores que, a lo largo de los siglos, han reclamado esa herencia como propicia a nuestra construcción nacional, historiadores como Lucas Alamán o José Vasconcelos, han sido puestos, de un modo u otro, en el casillero del conservadurismo. La enseñanza en las escuelas públicas del país —que atienden al 85 por ciento de los educandos en México— ha sido guiada por estos contenidos nacionalistas.

No obstante, así como la historia de la España franquista refrendó la imagen negra de nuestra España imaginaria, así también los ostensibles logros de la España democrática la volvieron una fuente de inspiración y reconocimiento.

A partir de los años ochenta, la realidad histórica de España desmintió los rasgos derogatorios de nuestra hispanidad imaginaria. Echó por tierra incuso una idea tan arraigada como que nuestra herencia hispánica era la responsable parcial de nuestro atraso económico y nuestra incapacidad para la democracia.

Lo que sucedió en España después de la muerte de Franco, probó justamente lo contrario, a saber: que la modernización económica y la democracia política eran posibles en el país cuyo legado supuestamente ayudaba a frenar la modernidad de nuestros países.

La historia reciente nos ha situado en el umbral de lo que puede ser un fértil dilema. Por un lado está el síndrome de la Nueva España que quiere decir desigualdad, improductividad, falta de democracia. Por el otro está el rostro deseable de la España nueva, que nos habla de prosperidad y democracia. El dilema no es tal. Hay muchas cosas que recoger de la Nueva España y muchas también que aprender de la España nueva.

Para empezar, nosotros, los mexicanos y los hispanoamericanos, tenemos que reconciliarnos con nuestra raíz hispánica negada, porque en esa raíz hay la diversidad que necesitamos para vivir en nuestro tiempo.

Necesitamos no el aislamiento, sino la ampliación de nuestras fronteras mentales, hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante, asimilando creativamente la oleada de integración y contacto que, en todos los órdenes, gobierna nuestro mundo. Hacia atrás, aprendiendo a leer nuestra historia como parte de la historia del orbe hispánico, que a su vez no puede verse sino como parte de la historia de Occidente.

El más grande error que se comete en la enseñanza de nuestra historia ha dicho Luis González, es igualar la historia de México, con la historia de lo sucedido en el territorio de lo que hoy llamamos México. La historia de México empieza mucho después que la historia de su actual territorio. Partes fundamentales de la historia de los mexicanos no sucedieron en el territorio que hoy es México, sino fuera de él, precisamente en España. Sólo por esta confusión, digamos, territorial, puede alguien creer que los mexicanos son más olmecas que musulmanes o más teotihuacanos que andaluces. Por esa confusión, añado yo, nos hemos privado absurdamente de enseñar nuestra historia como el cruce de culturas que es, dedicándole tanto tiempo a las civilizaciones indígenas, como a la civilización española. Nos hemos privado así de la posibilidad de abrir nuestras fronteras históricas, de entender más y ser más cosas, que las que dicta nuestro localismo historiográfico.

A la hora de las integraciones planetarias que nos propone el mundo, nuestra respuesta no puede ser el exclusivismo local —azteca, guaraní, cholo, chicano o catalán— sino la recuperación de la gran experiencia iberoamericana de la diversidad en la unidad que empieza con las dominaciones griega y romana de la península ibérica y termina, por ahora, con el hispanoahablante indocumentado que busca su lugar en la economía norteamericana, se radica y se mezcla, pero al mismo tiempo resiste, como a lo largo de los siglos ha resistido la frontera cultural de Iberoamérica con los Estados Unidos, como si a lo largo de esa frontera siguieran peleando, en una lucha sin vencedor, las raíces culturales de un imperio muerto y las puertas abiertas al presente de un imperio vivo.

Nuestra modernidad de fin de siglo requiere salir de la negación anticolonial y asumir y reencontrar nuestra poderosa raíz hispánica, no en lo que tuvo de exclusivismo colonial, sino en lo que tiene de mezcla y diversidad fundidas en un producto único. Es una tarea digna de nuestro mejor esfuerzo tratar de recuperar a plenitud nuestro pasado, para enfrentar con mejores recursos nuestro presente y nuestro futuro. Y los mejores recursos para ello son los que hablan en nuestra historia del contacto, la mezcla y la asimilación, los recursos de la identidad mestiza y la fortaleza cultural de la matriz hispánica, una de las más poderosas de Occidente.

opinión: la considere importante ya que, España trajo consigo ademas de consecuencias, aportaciones que sirvieron y fueron importantes en mexico, sin embargo lo que ahora mexico en si tiene que hacer es generar cosas por iniciativa propia y no tanto por lo que le impongan otros. y por tanto que este escritor lo relaciona de esta manera.

[1993]

Opinión nexos

El nuevo militarismo

1 MARZO, 2019

Julio Ríos Figueroa

Los Estados modernos requieren de fuerzas armadas con la suficiente solidez para proporcionar seguridad ante las amenazas externas y para garantizar la paz interna. Sin embargo, algunos ejércitos han demostrado ser una amenaza para sus gobiernos y, en concreto, para la estabilidad democrática, lo cual debilita a los Estados y perjudica a miles de personas. De aquí que la existencia de ejércitos poderosos subordinados a gobiernos civiles y democráticos resulte paradójica, más la excepción que la norma, ya que implica que aquellos que tienen el poder de las armas obedezcan a personas que no las tienen.1 La cuestión que surge es: ¿cómo crear fuerzas armadas limitadas por el Estado democrático de derecho sin exponer su poder, su esprit de corps, o su eficacia?

La disyuntiva planteada por la necesidad de contar con fuerzas militares poderosas al mismo tiempo que limitadas por la ley, permea las relaciones entre civiles y militares en todos los regímenes democráticos, y no se refiere tan sólo al riesgo de golpes de Estado que son un fenómeno bastante raro en estos días. No existe una solución fácil y permanente para este entuerto, por lo que las democracias han buscado diversos enfoques para conciliar ambos objetivos —incompatibles en apariencia— según el contexto y las circunstancias específicas. En algunas ocasiones se ha priorizado un lado de la ecuación, tener poderosas fuerzas militares, mientras que en otras se ha inclinado la balanza hacia el otro, contar con fuerzas limitadas por la ley. Lograr el equilibrio es un acto que demanda un alto grado de precisión: si se transfieren demasiados poderes a las fuerzas armadas, la democracia puede caer herida de muerte; por el contrario, demasiados límites al ejército pueden exponer a la democracia a una serie de riesgos en términos de seguridad. En resumen, encontrar un equilibrio entre los límites democráticos y la autonomía de las fuerzas militares es una tarea difícil pero fundamental para las democracias.

El dilema constitucional de la construcción de fuerzas armadas eficaces y limitadas por la ley, y la tensión que genera entre los gobiernos civiles y democráticos con sus fuerzas armadas, en gran parte se debe a la existencia de una zona gris, unos límites ambiguos, entre las esferas “civil” y “militar”. Al respecto, Huntington argumentó que “el problema no es la revuelta armada, sino la relación entre el experto y el político”:2 los militares demandan la deferencia, a veces total, de los que no conocen el mundo de la fuerza, mientras que los políticos democráticos reclaman la subordinación de todos, sin excepción, a las leyes y los principios constitucionales. La línea que separa los asuntos militares de los políticos se hace aún más delgada, y sus consecuencias son más trascendentales en las democracias contemporáneas con precedentes históricos de intervención castrense en la política, así como en aquellas donde el papel de las fuerzas armadas no se limita a la defensa externa sino que se enfoca en la seguridad interna.

Las porosas fronteras entre las esferas militares y las civiles generan tensión en su relación en parte debido a la incertidumbre que producen. En particular, hay tres tipos de incertidumbre en el centro del dilema: 1) la incertidumbre sobre las consecuencias legales de ciertas acciones de quienes ejercen la violencia por parte del Estado; 2) la incertidumbre sobre los límites de las excepciones y situaciones de emergencia permitidas por la constitución; 3) la incertidumbre sobre cómo equilibrar conflictos de principios o reglas constitucionales en situaciones particulares. Las cortes constitucionales, bajo ciertas condiciones institucionales, son un factor clave para reducir estos tipos de incertidumbre y, por tanto, para construir fuerzas armadas democráticas.3 Las tensiones no resueltas entre gobiernos civiles y fuerzas armadas pueden terminar por erosionar letalmente la democracia constitucional.

El primer tipo de incertidumbre se hace visible en aquellas democracias donde las fuerzas armadas están llamadas a hacer frente a una crisis de seguridad interna, y los miembros de las fuerzas armadas participan en combates que generan muertes. La cuestión sobre las consecuencias legales de la intervención militar se centra, entonces, en si estas bajas deben ser tratadas como homicidios a investigar y eventualmente castigar, o deben ser consideradas como muertes en combate, aceptables en los casos de conflicto armado, por lo que no deberían ser objeto de sanción. ¿Estamos, entonces, ante un potencial homicidio o ante una muerte en combate o un daño colateral?

La respuesta está condicionada a la existencia de un conflicto armado interno declarado de manera oficial, porque esto implica el uso del derecho internacional humanitario (DIH) que reconoce muertes en combate y daños colaterales.4 En ausencia de una declaratoria oficial de conflicto armado interno las bajas deben ser investigadas y procesadas a través de la legislación penal nacional y, por lo tanto, se consideran como potenciales homicidios. Hay resistencias para declarar la existencia de un conflicto armado interno y dudas sobre su pertinencia en situaciones concretas. Los gobiernos se resisten porque implica una mayor supervisión internacional y viabiliza el reconocimiento de la condición de combatientes a los grupos armados enemigos. Al mismo tiempo, los miembros de las fuerzas armadas instan a los gobiernos para que “no les aten las manos” con limitaciones legales inadecuadas.

El segundo tipo de incertidumbre se refiere al que resulta de los límites a las excepciones permitidas por la constitución. Muchas constituciones reconocen la jurisdicción militar como un cuerpo separado de leyes, fiscales y tribunales, creado para tomar en cuenta las particularidades de las funciones encomendadas a las fuerzas armadas, y que cumple con el propósito de proporcionar estabilidad a la institución y seguridad legal de sus miembros. Pero, ¿quién puede ser investigado y juzgado en los tribunales militares?, ¿bajo qué circunstancias? La jurisdicción militar puede ser amplia e incluir tanto a los oficiales como a los civiles y puede cubrir diversos tipos de delitos o, por el contrario, puede estar limitada a juzgar militares por delitos relacionados estrictamente con su función y durante un servicio militar. En un extremo, una jurisdicción castrense muy amplia puede servir como dispositivo de impunidad para cubrir delitos no relacionados con el servicio o la seguridad del país. En el otro extremo, la justicia militar puede ser abolida y reemplazada por un sistema de justicia unitario bajo el argumento de que la existencia de este cuerpo excepcional de leyes y funcionarios viola derechos y principios del debido proceso en materia penal.5

Por último, el tercer tipo de incertidumbre gira alrededor de la pregunta: ¿cómo balancear conflictos entre derechos o principios constitucionales en circunstancias particulares? Por ejemplo, la disciplina es mencionada a menudo como una condición necesaria para el funcionamiento eficaz de las fuerzas armadas. Lo anterior tiene importantes consecuencias en el juicio de militares por cuanto la disciplina se basa en la obediencia. En este plano, el principio de la disciplina entra en conflicto con el derecho individual a objetar una orden por motivos de conciencia, y con la obligación de no violar los derechos humanos. Otro ejemplo que nos regresa a la justicia militar: si se acepta que los juicios necesitan ser expeditos —en particular en situaciones de combate— ¿cuándo y qué tanto se pueden limitar aspectos básicos del derecho al debido proceso, tales como el derecho a conocer los cargos en su contra y el derecho a ser juzgado por un juez independiente?

La CIDH ha producido una buena línea jurisprudencial sobre la extensión de la jurisdicción militar, pero también lo ha hecho sobre su funcionamiento interno.14 Esta dimensión interna puede ser entendida como la forma en que el proceso judicial se lleva a cabo dentro del fuero militar. En esta dimensión se puede también hablar de un continuo donde en un extremo encontraríamos una jurisdicción militar cuyos procedimientos son iguales a los de un proceso en un tribunal ordinario, y en el otro extremo encontraríamos una jurisdicción militar totalmente autónoma con procedimientos y garantías distintas a las de la jurisdicción ordinaria y no sujetos a revisión por parte del poder judicial ordinario.

Desde su creación y hasta 2015 la CIDH ha decidido 140 casos relacionados con la materia penal y, de éstos, aproximadamente 12% tratan directamente el tema de la jurisdicción militar.15 En un desarrollo jurisprudencial notable desde la primera sentencia sobre este tema la CIDH ha dejado claro que: “En un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares. Por ello, el Tribunal ha señalado que en el fuero militar sólo se debe juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar”.16 Asimismo, la CIDH ha establecido que “la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar a los autores de violaciones de derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria”.17

Es decir, la CIDH ha establecido tres criterios claros para determinar el alcance o la extensión de la jurisdicción militar: 1) solamente los miembros activos de las fuerzas armadas, y nunca los civiles, pueden ser investigados y juzgados en el fuero militar; 2) solamente por los delitos que tienen una estrecha relación con el ejercicio de la función militar (i.e. delitos castrenses o de función) y que tengan lugar durante el desempeño de un servicio o misión específica; 3) nunca los delitos de lesa humanidad y aquellos en los que ha habido violaciones graves de derechos humanos.18

En cuanto a los procedimientos internos la CIDH ha señalado problemas respecto a la independencia e imparcialidad de los jueces militares. En específico, la CIDH ha establecido que cuando los juzgadores o fiscales en la jurisdicción militar son miembros en activo de las fuerzas armadas se compromete su imparcialidad ya que es probable que “tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que se encuentren involucrados en la controversia”19 debido a que las fuerzas armadas tienen la doble función de combatir militarmente a ciertos grupos y de juzgar e imponer penas a miembros de dichas organizaciones (que pueden ser los civiles implicados).20

A pesar del desarrollo jurisprudencial notable de la CIDH es importante notar que en cada país las regulaciones y jurisprudencia al respecto están ya sea por debajo o por encima de los estándares establecidos por la CIDH. Por otro lado, los tiempos, la velocidad y los patrones históricos que definen la existencia y los límites de la jurisdicción militar también exhiben una variación notable entre países. En otras palabras, al igual que con la presencia de militares en el gobierno y con la extensión de la jurisdicción militar, también se observa gran variación entre países de la región en términos del acatamiento a nivel nacional de sentencias de la CIDH o de la adaptación a sus estándares en materia de jurisdicción militar.

La regulación del uso de la fuerza letal no ha sido directamente analizada por la CIDH como parte de la jurisdicción militar. Sin embargo, esta Corte sí ha establecido algunos criterios relevantes al respecto. Por ejemplo, ha sentenciado que: “en tiempos de paz los agentes del Estado deben distinguir entre las personas que, por sus acciones, constituyen una amenaza inminente de muerte o lesión grave y aquellas personas que no presentan esa amenaza, y usar la fuerza sólo contra las primeras”.21 De igual modo, ha decretado que “el uso de la fuerza letal y las armas de fuego contra las personas debe estar prohibido como regla general, y su uso excepcional deberá estar formulado por ley y ser interpretado restrictivamente, no siendo más que el ‘absolutamente necesario’ en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler”.22 Cuando los miembros de las fuerzas armadas participan en labores de seguridad interna es imperativo que tengan en cuenta estos principios del uso letal de la fuerza pues en general su formación y preparación difiere de aquellas de las fuerzas de policía que originalmente fueron pensadas para ese fin.

La participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública es una tendencia creciente en América Latina, donde los militares influyen cada vez más en los gobiernos ya no por una intervención forzosa sino por invitación de los propios líderes electos. No debemos olvidar la historia de inestabilidad política del siglo XX latinoamericano, en particular en lo que se debe a los ciclos de intervenciones militares, gobiernos autoritarios, y debilidad consecuente de los gobiernos democráticos. El “nuevo militarismo” tiene formas más sutiles que los golpes de Estado y las intervenciones forzosas, pero puede ser igualmente desestabilizador. Sigue pendiente en nuestra región la construcción de “fuerzas armadas democráticas”, es decir, fuerzas armadas cuya misión principal sea la protección de la democracia constitucional que les da legitimidad y que actúen siempre bajo los principios constitucionales de protección a los derechos humanos.

 opinión: la considero importante desde el punto en que hay mucha razón en cuanto a que la inseguridad también principalmente suele surgir de aquellas personas que se encuentran armadas, y que con motivos de que ellos tienen ese derecho por formar parte de la fuerza armada se creen con ese prestigio de poder generar miedo e inseguridad a la población en general y por tanto son ellos mismo los que suelen hacer que las leyes en si no tengan ese valor determinado que deberían tener. 

Opinión

¿La ciudad de la esperanza?

MARCELA GÓMEZ ZALCE

13.03.2019/01:45

Cada fracaso le enseña al ser humano lo que necesitaba aprender. El ritmo del Presidente, su tenacidad y obstinación en cumplir sus promesas están pavimentando una ruta de inevitable tensión con el gabinete que lo (des)cobija. Los funcionarios que lo acompañaron cuando fue jefe de Gobierno han perdido el tacto, el olfato y las formas, que esbozan el fondo, para entender lo que el inquilino de Palacio Nacional quiere lograr en la 4T. El análisis del gabinete y su desempeño en estos 100 días debe ser sin matices ya que ellos no gozan del respaldo y los altos niveles de popularidad del Ejecutivo. En este escenario entra de lleno la administración de Claudia Sheinbaum que ya cruzó la frontera de ese periodo de gracia. Del ensayo y error. De las justificaciones y culpas al pasado que ya no alcanzan para explicar el convulso presente. La gobernabilidad de Ciudad de México pasa por dos frentes que no pueden ser administrados: los de movilidad y seguridad. Ambos son pilares sine qua non para ello. Lograr resultados en estos rubros requiere protocolos de coordinación, comunicación, conocimiento y disciplina entre altos funcionarios, esquema que de existir, presenta fallas importantes e impacta no solo en los deplorables resultados, sino en el ánimo de una ciudadanía harta del nivel de deterioro que presenta la otrora llamada ciudad de la esperanza. En materia de seguridad, raya en lo grotesco la justificación del manejo de cifras relacionadas con el alza de los homicidios atribuidos a operativos federales, que en primer lugar debieran ser responsabilidad de autoridades locales que durante meses han sido omisas ante los movimientos de grupos delictivos. El panorama se antoja mucho más complicado si desde el gobierno de Sheinbaum se acusa de corrupción y complicidad a sus policías con el crimen organizado, sin mayores detalles, aventando una bolita que no tarda en hacer explosión en las calles citadinas e implosión dentro de las áreas de seguridad. En medio de la danza de declaraciones, justificaciones y explicaciones sobre los motivos de la inseguridad, la Guardia Nacional atenderá los focos rojos que arden en diversas entidades donde, gracias al público rechazo y desdén de Sheinbaum, no figura Ciudad de México. La joya de la corona de la 4T. 

@GomezZalce https://www.milenio.com/opinion/marcela-gomez-zalce/puerta-cerrada/la-ciudad-de-la-esperanza.

Opinión: resulta de mi interés por que durante este gobierno, la población en general mantiene una esperanza en que todo pueda cambiar y que toda esa inseguridad, entre otros factores que hoy en día son muy vistos, sean acciones que terminen, sin embargo algo de lo cual estoy en completo acuerdo es que la principal razón para poder llevar a un cambio realmente es por medio de frenar la corrupción y así mismo el innovar proyectos que sirvan como recurso de apoyo para aquellas personas que realmente carecen de recurso y que ademas se implemente una seguridad que sea realmente eficiente. 

Real Academia Española

5.3.2019

Darío Villanueva habla sobre Cervantes y Shakespeare en la Universidad de Oxford

El exdirector de la Real Academia Española (RAE) y catedrático de Literatura Comparada Darío Villanueva ha participado hoy en el Seminario de Investigación en Español de  la Facultad de Lenguas Medievales y Modernas de la Universidad de Oxford con una conferencia sobre «Shakespeare y Cervantes, de la palabra a la imagen dinámica». Jonathan Thacker, profesor titular de la cátedra Alfonso XIII de estudios hispánicos, ha sido el encargado de presentar al académico.

El acto, que ha tenido lugar en Exeter College, ha contado con la presencia del director del Instituto Cervantes de Londres, Ignacio Peyró, y de su jefe de Cultura, Jesús Clavero, además de numerosos estudiantes de Estudios Hispánicos.

En su conferencia, Darío Villanueva ha explicado que Miguel de Cervantes «narra siempre con una marcada concepción visual, rítmica, escenográfica y espectacular de las situaciones, como si pretendiera poner en palabras escuetas lo que sobre la pantalla se resolvería en la secuencia de unas imágenes que hablasen por sí mismas.

El catedrático de Literatura ha destacado dos elementos «claramente precinematográficos en El Quijote. El primero de ellos son los gags que la novela tiene y que Cervantes cultiva en el conjunto de su obra literaria […]. El segundo elemento, por el contrario, se refiere a la disposición narrativa, a la estructura del discurso en lo que toca a un punto de especial complejidad que el relato fílmico y el relato literario tuvieron que resolver con sus propios medios».

Villanueva ha subrayado que «este “arte fílmico” de escritores precinematográficos como Cervantes o Shakespeare consiste en pintar cuadros animados, enriquecerlos mediante todos los artificios de la visión, situarlos según planos diferentes y encadenarlos entre sí conforme a una sintaxis artística que asegure la continuidad de la acción con un ritmo agradable a la imaginación visual del lector».

«En ese fascinante territorio de intersección entre cultura material y cultura espiritual, entre creatividad artística y tecnología, se está moviendo Serguei Eisenstein cuando escribía: “Dejemos que Dickens y toda la formación antecesora, que desciende de los griegos y Shakespeare, nos recuerden que Griffith y nuestro cine no tienen su origen únicamente en Edison y sus compañeros de invención, sino que se basan en un pasado de enorme cultura”. Pero hay en el párrafo transcrito una gran ausencia, la de Miguel de Cervantes, que en su inmortal novela El ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha, aporta, como también William Shakespeare, en obras suyas como Enrique V, un repertorio insuperable de atisbos y soluciones precinematográficas», ha comentado el académico.

A juicio de Darío Villanueva, «la irrupción arrolladora de la comedia nueva de Lope de Vega cegó la trayectoria de su vocación teatral, que don Miguel alentaba con talento y entusiasmo. Por su parte, Shakespeare, el más exitoso de los dramaturgos, en la pieza perdida que se intitulaba Cardenio, […] llevó al escenario al alimón con John Fletcher la historia de uno de los personajes de El Quijote, el texto fundacional de un nuevo género, la novela moderna, que en Inglaterra arraigó fecundamente al tiempo que en España era obviada hasta el siglo XIX. El resultado de esta suerte de quiasmo o entrecruzamiento vino a representar desde el teatro y la narrativa producidos en dos de las grandes lenguas literarias universales, el español y el inglés, el establecimiento de la genial transición artística que va desde la palabra a las imágenes dinámicas».

«Con ambos autores asistimos a la aurora visionaria de lo que en el pasado siglo se institucionalizaría como la séptima de las artes, el arte sincrética de la modernidad, el cinematógrafo, que nunca dejará de rendir el homenaje que merecen como sus precursores literarios a William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra», concluyó Darío Villanueva.

«Darío Villanueva habla en Oxford sobre Cervantes y Shakespeare». El Correo Gallego, 6 de marzo de 2019. 

opinión: me resulto interesante ya que menciona acerca de fomentar algo agradable y visible para crear imaginación visual en el lector, que ademas menciona aspectos interesantes en cuanto a las culturas y el manejo  de la creatividad en los distintos ámbitos artísticos que permiten al lector emplearse en un interés propio por leerlos y que ademas esto es con base a recordar de cierta manera, la importancia que tienen en general ambos precursores literarios.